Las políticas públicas implementadas durante las últimas décadas para intentar reducir los niveles de violencia han estado exclusivamente encaminadas a reforzar la capacidad coercitiva del Estado, aumentar las penalidades a los ciudadanos infractores, y a expandir y mejorar la vigilancia social. Sin embargo, el diagnóstico desde el que partimos las instancias signatarias sugiere que la conflictividad social tiene una génesis multifactorial en la que la desigualdad económica, política y cultural, posee un papel relevante, y que la violencia posee ineludiblemente un componente simbólico y narrativo, así como importantes imaginarios ampliamente asumidos, que hacen que la respuesta exclusivamente armada tenga un impacto acotado en términos de construcción de paz.

Es frente a esta situación que surge la necesidad de abordar de forma transversal el impacto, los orígenes y las formas en las que se reproducen las diversas violencias, esta mirada adoptada desde la administración pública, no debe plantearse como esfuerzos que emerjan de forma aislada en distintos equipos, por el contrario, deben generarse acciones transversalizadas que cumplan objetivos específicos adoptando responsabilidades, de acuerdo a las diferentes atribuciones que tengan las instancias participantes, con la meta de recuperar la tranquilidad de los jaliscienses.